Pide atender a las "perspectivas ambientales más allá de los hipotéticos beneficios" en materia de estímulo económico
CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 3 May. 2024 (Europa Press) -
El Grupo socialista del Ayuntamiento de Coria del Río ha formulado alegaciones ante la Delegación Territorial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Sevilla, contra la reapertura de la mina de Aznalcóllar a manos de la entidad Minera Los Frailes, sociedad instrumental de la alianza empresarial conformada entre Grupo México y Minorbis, creada expresamente para la reactivación de la famosa corta minera.
Estas alegaciones se unen a las ya interpuestas en el mismo sentido por diferentes organizaciones ecologistas como WWF, Greenpeace o Ecologistas en Acción, junto a Podemos, Equo, Los Verdes y diversas asociaciones vecinales, en contra del proyecto de reabrir la corta minera de Aznalcóllar.
Al respecto, recordemos la catástrofe natural acontecida en 1998 como consecuencia de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados de este complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).
Contra la reactivación de la mina, cuyos derechos de explotación fueron encomendados por la Junta de Andalucía a Grupo México y Minorbis; pesan las insistentes advertencias de los grupos ecologistas, según los cuales el proyecto implica "verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja", con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos a un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000.
LA CATÁSTROFE DE 1998
Se trata, según los ecologistas, de metales como arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, niquel, plomo, selenio y zinc, entre otros metales contaminantes"; considerando que "no se ha aprendido nada" del gran desastre natural de 1998 como consecuencia de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero, entonces gestionado por Boliden-Apirsa.
La entidad Minera Los Frailes, de su lado, alega que ha "elevado la inversión global del proyecto a lo largo del proceso de tramitación en 100 millones de euros", hasta rozar los 450 millones, para incluir "una estación depuradora de agua de última generación"; defendiendo el Gobierno andaluz del PP y el Ayuntamiento de Aznalcóllar, gobernado por IU, que el proyecto respeta las normativas medioambientales y que no es cierto que suponga un vertido tóxico al río Guadalquivir.
También esgrimen la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos en la zona, para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, es decir, cobre, zinc y plomo; durante al menos 17 años tras los tres primeros años de reacondicionamiento de la corta.
En ese sentido, el PSOE de Coria se hace eco en sus alegaciones de los avisos de los ecologistas y alerta de que "la carga contaminante máxima acumulada durante los más de 18 años que se propone autorizar descargaría en el estuario del Guadalquivir cantidades totales muy elevadas de metales y metaloides potencialmente tóxicos como arsénico (2.709,12 kilos), cadmio (677,28 kilos), cobre (5.577,60 kilos) o cromo (717 kilos", entre otros materiales "contaminantes".
MÁS "VERTIDO CONTINUADO"
"si bien somos conscientes de la importancia que la puesta en marcha que una explotación minera tendrá para la localidad de Aznalcóllar y sus vecinos, estamos muy preocupados por el impacto ambiental que un vertido continuado de aguas residuales, con un alto contenido en metales pesados, procedentes de dicha explotación pueda causar en la flora y la fauna del Estuario del Guadalquivir. Dado que más allá de los hipotéticos beneficios que la citada implantación puede suponer para la comarca en cuanto a la contratación y nuevos empleos que puedan surgir, hay otras perspectivas ambientales, sociales, de transporte, que también es importante valorar, y promover", ha indicado el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Coria, David Díaz.
El PSOE recuerda además la vertiente judicial del asunto, pues la Audiencia de Sevilla ha fijado para el 3 de marzo de 2025 el comienzo del juicio correspondientes a la investigación penal de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes a México-Minorbis, en el que participa la sociedad andaluza Magtel, por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación; tras la denuncia formulada por Emerita-Forbes Manhattan, empresa que pujó sin éxito por tales derechos.
El asunto llegará a juicio, al detalle, después de que la juez instructora del caso ordenase dos veces archivar las actuaciones al no apreciar delito la Fiscalía, pero ambas órdenes de sobreseimiento fuesen revocadas por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados con fondos autonómicos.
LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Además, el PSOE de Coria avisa de que "ninguno de los ayuntamientos de los términos municipales donde se desarrolla el proyecto objeto de dictamen ambiental, esto es Aznalcóllar, Olivares, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Salteras y Valencina de la Concepción, han cumplido con las obligaciones establecidas" en materia de información pública y participación ciudadana de este proyecto; con lo que según asegura "se han vulnerado los derechos de participación e información pública de la ciudadanía de esos municipios, y el principio de publicidad activa de las leyes de transparencia, y por tanto resulta obligado subsanar esa vulneración de derechos".
En el caso de Coria, "tampoco se han llevado a cabo las preceptivas consultas al Ayuntamiento de Coria del Río como localidad a la que le afectaría directamente el vertido de la planta de tratamiento de aguas al río", ha avisado, criticando finalmente la "hipocresía" en la que a su entender incurre el alcalde andalucista de la localidad, Modesto González, en este asunto.
