La Fundación Madrina, organización dedicada a la protección de la infancia y la mujer, ha expresado su "profunda tristeza e indignación" por la muerte del bebé de tres meses hallado sin vida en un contenedor del distrito madrileño de Barajas.
A su juicio, esta noticia pone de relieve la "urgente necesidad" de implementar medidas para proteger a los niños más vulnerables y recuerda que, en sus 24 años de historia, la entidad ha conocido varios casos de niños abandonados, uno con vida, pero "desgraciadamente la mayoría de las veces aparece el bebé muerto y se desconoce la autoría del caso".
Madrina ha incidido también en el aumento de la violencia vicaria que sufren los menores a manos de uno de sus padres, como una forma más de violencia.
Según un informe de la organización, correspondiente a 2023, un 35% de los casos de abandono de bebés tienen como causa el abandono de sus parejas, debido a la pérdida del empleo (en un 25% de los casos), las amenazas de sus familias y del entorno (un 30%), la ausencia de apoyos y ayudas sociales (un 10%), la salud mental de uno de los padres (un 10%) o razones culturales de etnias concretas, ante el temor de la exclusión familiar, incluso la muerte (en un 5%).
Ante estos datos, la organización ha reclamado medidas como la atención temprana y especializada a las madres con problemas de salud mental; la existencia de una red de apoyo materno infantil para las madres en situación de vulnerabilidad; la protección a los menores de las mujeres víctimas de violencia de género y la ampliación de las ayudas sociales y el apoyo familiar.
Asimismo, Madrina apuesta por implementar medidas de prevención social y legal, para prevenir el maltrato infantil, un mayor compromiso social y político en relación a la protección de la infancia, el aumento de recursos para los menores en riesgo y vulnerables y el aumento de los recursos para la especial protección de los menores vulnerables y especialmente de las víctimas de violencia de género.
Por último, proponen eliminar la tutela o patria potestad de los padres en los casos que se valore por un juez el grave riesgo para la vida de los menores.
