La nueva 'ley rusa' aprobada en Georgia es un error, según Farah Dakhlallah, portavoz de la OTAN. Dakhlallah ha señalado que la decisión del Gobierno georgiano de aprobar una ley sobre los denominados agentes extranjeros es un paso en la dirección equivocada. Así, ha añadido que se aleja aún más de lo que ha descrito como integración europea y euroatlántica.
Los diputados aprobaron la normativa el martes con 84 votos a favor y 30 en contra en el marco de la tercera sesión de debate del controvertido proyecto de ley. Las voces críticas conocen a esta medida con el nombre de 'ley rusa' y condenan la presunta influencia del Kremlin en la elaboración de la normativa.
Una ley con la que las autoridades pueden socavan la libertad de los ciudadanos georgianos
La oposición cree que está diseñada con el fin de poder reprimir la libertad civil del pueblo georgiano. La sociedad, como la clase política, está muy dividida. En el interior del Parlamento se produjeron algunos altercados y se llegó incluso a la agresión física y verbal entre los diputados.
En las calles de Tiflis, capital de Georgia, las protestas contra el proyecto de ley se suceden desde hace semanas. Tras ser aprobada la medida, los manifestantes bloquearon las vías principales de acceso a la ciudad después de que algunas personas se enfrentaran a los agentes antidisturbios a las puertas del Parlamento de Georgia.
El primer ministro del país indica que la medida aprobada es necesaria. Sin embargo, las autoridades políticas de la Unión Europea la rechazan y han advertido al Gobierno georgiano que esto puede poner en peligro en el posible ingreso de la nación en el bloque comunitario.
Una ley cuyo incumplimiento acarrea cuantiosas multas económicas
El proyecto de ley, que fue propuesto por la coalición de fuerzas gobernante 'El Sueño Georgiano', indica que las ONG y los medios de comunicación independientes que reciban más del 20% de su financiación de capital extranjero deben registrarse como organizaciones "que defienden los intereses de una potencia extranjera".
Así, el Ministerio de Justicia se encargaría de supervisar su actividad y tendrían que compartir información confidencial. Además, deberían presentar una declaración financiera anual. En caso contrario, se exponen a multas económicas de varios miles de euros. La medida es conocida como 'ley rusa' por su similitud con una normativa que entró en vigor en Rusia en 2012 y que Moscú emplea para acallar a quien ose desafiar al Kremlin.
